Propuestas de reforma

Dimensión I – Compromisos Nacionales con la Igualdad en la Constitución y el Marco Legal

  • Impulsar un proceso de revisión y reforma de la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999), con el fin de incorporar mecanismos y procedimientos concretos para su cumplimiento. Especialmente, presentar una reforma para incluir la instancia de monitoreo y las sanciones correspondientes por incumplimiento de la cuota del 30% para los altos cargos del poder ejecutivo y la administración pública; así como la asignación de recursos suficientes para aplicar, tanto de jure como de facto, las disposiciones jurídicas encaminadas a garantizar la igualdad entre géneros.
  • Es necesario crear las condiciones para el debate constituyente evidenciando la inexistencia de los principios de igualdad y paridad como preceptos constitucionales. Una vía sería impulsar la incorporación de la CEDAW al llamado bloque de la constitucionalidad, en su carácter de tratado internacional que reconoce derechos fundamentales de las mujeres.

Dimensión II – Ejercicio del Derecho de Sufragio

  • Próximos a cumplir 70 años del reconocimiento formal en Panamá de la existencia de ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de 1946, vale recordar las décadas de luchas por ese derecho fundamental de participación política. Se debe reconocer y redimensionar, no sólo a aquellas mujeres de quienes somos todas deudoras, sino también sus estrategias y alianzas para alcanzar dicho derecho.
  • Promover la paridad política como objetivo fundamental de la democracia panameña. Una de las estrategias puede ser el desarrollo de campañas nacionales para la generación de conciencia pública sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones, tal y como lo señala el Comité de la CEDAW en su recomendación No. 33.

Dimensión III – Cuota/Paridad

  • La realidad de la situación de la participación política de las mujeres en el ámbito político avala la necesidad de realizar ajustes jurídicos sustanciales a las actuales estructuras, funciones, características, variantes y alcances jurídicos de las medidas legisladas en el país. En la coyuntura política actual, la tarea prioritaria es plantear la discusión técnica y política para generar los consensos necesarios frente al camino de reformar el sistema de cuotas o bien desarrollar una hoja de ruta para establecer los mecanismos efectivos para alcanzar una paridad real.
  • Con la nueva instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) a inicios de 2015, se abren nuevas posibilidades, no sólo para la discusión de una reforma al diseño actual electoral sino para la construcción de escenarios que permitan superar el sistema de cuotas y avanzar hacia la paridad política. Un punto de partida son las propuestas de reformas sustanciales ampliamente debatidas y aprobadas en la CNRE en el año 2010, con la representación de todos los partidos políticos.
  • Una tarea necesaria es retomar las recomendaciones que fueron debatidas y expuestas en el seno de la CNRE con el impulso del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, el Grupo Iniciativa por la Paridad, la Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias de Panamá y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales en el año 2010.
  • Incorporar la participación del INAMU en el debate de las reformas electorales en la CNRE. Además, construir estrategias de negociación política y de comunicación efectiva de las propuestas de reformas que procuren condiciones reales para una mayor participación política de las mujeres en las listas electorales.

Dimensión IV – Poder Ejecutivo y Administración Pública

  • Desarrollar una hoja de ruta para elevar la jerarquía del mecanismo nacional de la mujer, INAMU, de institución autónoma descentralizada a Ministerio de la Mujer.
  • Desarrollar una campaña de incidencia para la designación paritaria en el Consejo de Gabinete. Se debe desarrollar una estrategia de incidencia para demandar un compromiso político del Presidente de la República con una democracia paritaria que no requiera reforma legal alguna. Para eso es necesario generar corrientes de opinión que posicionen los temas y revelen su importancia.
  • Particularmente, se requiere una auditoría para determinar la efectividad de la cuota legal establecida en la Ley 4/1999, así como también del cumplimiento real de los compromisos contenidos en los Pactos “Mujer y Desarrollo”, suscritos en los distintos mandatos presidenciales.
  • Fortalecer al INAMU para la creación de mecanismos, procesos, instrumentos y metodologías que permitan la recopilación periódica y sistemática de datos e información cuantitativa, el análisis cualitativo sobre la presencia de las mujeres en los distintos espacios de participación política y de la vida pública, así como la generación de mecanismos y estrategias para su divulgación.
  • En Panamá no se han realizado estudios en profundidad sobre los efectos que ha tenido la regulación del principio de igualdad en la sub-representación de mujeres en la administración pública. Tampoco existen estudios específicos que permitan conocer el impacto simbólico en el país de contar con una mujer en la Presidencia de la República o su impacto en el imaginario colectivo sobre la participación política de las mujeres. Ésta es una temática que debe ser explorada y la información recabada por el Mecanismo de Aceleración ATENEA puede ser un buen punto de partida.

Dimensión V – Poder Legislativo

  • Promover en la Asamblea Nacional la creación de medidas específicas para impulsar la transversalización de género en la actividad legislativa o acciones afirmativas orientadas a promover el trabajo coordinado en pro de una agenda de igualdad de género. Particularmente, conminar a la directiva de la Asamblea Nacional el organismo especializado encargado de la coordinación, promoción, desarrollo y fiscalización de la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres, establecido en el artículo 31 de la Ley 4/1999 para todas las entidades públicas y que hasta la fecha no ha sido creado en el primer órgano del Estado.
  • Promover una agenda estratégica de acciones orientadas a visibilizar la realidad de la sub-representación de mujeres en el poder legislativo y la carencia de condiciones para el ejercicio de sus derechos, a través de la utilización de los mecanismos de consulta ciudadana para convocar al debate público sobre los procedimientos de nominación y ratificación de los altos cargos.
  • Uno de los recursos legales que puede explorarse es lo señalado por el Comité de la CEDAW en cuanto a conminar a la Asamblea Nacional, como uno de los poderes públicos vinculados al cumplimiento de la Convención, a que presente un informe sobre las medidas aplicadas para garantizar condiciones tendientes a lograr la igualdad de facto entre hombres y mujeres en el parlamento.

Dimensión VI – Poder Judicial y Poder Electoral

  • • Crear las condiciones para el debate público de cara al proceso constituyente para reformar el procedimiento de nominación y ratificación de los cargos en las máximas instancias del Órgano Judicial y el Órgano Jurisdiccional Electoral. Un punto de partida puede ser retomar las propuestas del Pacto de Estado por la Justicia sobre la designación de los Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia a través de mecanismos de consulta ciudadana.
  • Promover con las máximas instancias del Poder Judicial y del Órgano Jurisdiccional Electoral, la regulación de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y/o no discriminación por sexo en su normativa.
  • En el caso del Tribunal Electoral, impulsar la creación de mecanismos o unidades de género para el diseño e implementación de políticas y programas para la igualdad de las mujeres en los ámbitos de su competencia.
  • Impulsar desde el Tribunal Electoral, en conjunto con los partidos políticos y la sociedad civil, la creación de un Observatorio Nacional de la Participación Política de las Mujeres en Panamá, como mecanismo real de monitoreo sobre el cumplimiento por parte de los partidos políticos de, por ejemplo, el uso adecuado del porcentaje de financiamiento público que debe destinarse a la capacitación de mujeres, contenido en el artículo 182 del Código Electoral.
  • Fortalecer al Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral en el proceso de construcción y actualización de información y datos desagregados por sexo en todos los niveles, para apoyar los estudios e investigaciones sobre la participación política de las mujeres en Panamá.

Dimensión VII – Partidos Políticos

  • Existe una base de declaración de principios y objetivos en los Estatutos de los partidos políticos para promover la igualdad y no discriminación por sexo; sin embargo, resulta aún insuficiente para avanzar hacia una democracia paritaria. En primer lugar, es impostergable superar ese piso retórico y establecer medidas concretas orientadas a elevar el índice de cumplimiento de la cuota, tanto en el ámbito de dirección interna de los colectivos políticos como en la efectiva conformación de las listas electorales.
  • La obligatoriedad de los partidos políticos de cumplir con la cuota debe quedar establecida claramente en la normativa electoral y estatutaria. Especialmente en sus Estatutos, deben regularse los mecanismos y procedimientos de fiscalización y monitoreo con los que debe contar la Secretaría de la Mujer para ejercer su labor, ya no sólo como autoridad verificadora del no cumplimiento de la cuota, sino por el contrario, como principal instancia de promoción de su participación.
  • Es necesario elevar el perfil y el protagonismo de las Secretarías de la Mujer a efectos de que desempeñen el rol que les compete en la planificación y desarrollo de actividades de capacitación en género en todos los niveles dentro de los partidos, así como en la movilización de recursos y el diseño de estrategias para promover el liderazgo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de las mujeres. En este sentido, deben quedar claramente establecidos en los Estatutos de los partidos políticos, los mecanismos y procedimientos obligatorios para cumplir con el porcentaje de subsidio electoral asignado para las actividades de capacitación cívico-políticas de las mujeres.
  • Establecer procedimientos y mecanismos transparentes de rendición de cuentas, no sólo sobre el cumplimiento del porcentaje asignado para actividades de capacitación para las mujeres, sino también para velar por la calidad del enfoque, contenidos y metodologías, desde la perspectiva integral de los derechos humanos y la paridad como pilar de una sociedad democrática.
  • Desarrollar estrategias conjuntas inter-partidarias y con la sociedad civil para impulsar una comunicación efectiva y visible sobre la participación y propuestas de las mujeres que se postulan a cargos de elección, así como también campañas nacionales para generar conciencia pública sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones.
  • Fortalecer los espacios de diálogo y concertación de mujeres a nivel inter partidario, como el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, a fin de promover el diseño e implementación de planes conjuntos, a nivel nacional y local para financiar las actividades de capacitación de las mujeres.
  • Promover el intercambio de experiencias y conocimiento entre parlamentarias y ex parlamentarias, militantes y de sociedad civil, con el fin de potenciar esfuerzos para el posicionamiento de temas comunes de especial interés para las mujeres, la generación de plataformas de acción conjunta y el desarrollo de sus capacidades de gestión y liderazgo.

Dimensión VIII – Gobierno Local (Municipal)

  • Generar datos desagregados por sexo y por corregimientos y municipios, así como elaborar estudios y diagnósticos específicos que permitan analizar y construir estrategias de intervención pertinentes con la realidad socio-cultural de los territorios, para promover la participación política de las mujeres en los gobiernos locales.
  • Debe indagarse con mayor profundidad cuáles son los factores que incentivan y, por el contrario, desincentivan la participación y competencia política de mujeres que tienen un importante liderazgo social en el nivel comunitario, pese a sus condiciones económicas adversas. Comprender cómo opera la dinámica de factores subjetivos y objetivos en el estancamiento de la participación política de las mujeres en el poder local, es fundamental para el diseño de políticas y programas pertinentes con la realidad socio-cultural en los territorios.