Más de veinte y cinco años han pasado desde que en América Latina se aprobó legalmente la primera acción afirmativa para incorporar un número mínimo de mujeres (30%) en las nominaciones electorales. Perú fue uno de aquellos países que se insertó en la primera ola de este tipo de reformas que ayudaron a democratizar los sistemas políticos mejorando el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular a través de medidas entendidas como temporales que, reconociendo su gran trascendencia, deben ser vistas como un primer paso, más no el último ni el único, para mejorar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad. Es un compromiso de los Estados, pero, a la vez, una deuda pendiente por parte de nuestras democracias.

Hoy la región avanza por el camino de las reformas en los procesos electorales bajo el amparo de un nuevo paradigma en el que la búsqueda de la igualdad sustantiva pasa por una profunda redefinición del poder que implica la construcción de una democracia paritaria en la que hombres y mujeres participen en función de su peso poblacional proporcional (50%-50%), y en la que también deben tener garantizadas las condiciones para un ejercicio real y efectivo de sus funciones en los espacios públicos y políticos en todos los niveles de gobierno. En paralelo, el desafío de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres ha cobrado un nuevo impulso con la reciente aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que ha incorporado un enfoque de género en todos sus objetivos y metas al haberse incluido un objetivo específico (5) en virtud del cual los Estados deben “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.