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El Estado argentino suscribe a la normativa de derechos humanos y ha realizado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres. En el plano internacional, se destaca la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su Protocolo Facultativo, junto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en el contexto regional. Además, Argentina ha tenido una participación activa en las sesiones del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que incluye los derechos de las mujeres (PNUD y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 2015).
Argentina es uno los países con mejor desempeño en el Índice de Desarrollo de Género y en el Índice de Desigualdad de Género (PNUD 2015a)[1]. La condición de las mujeres ha mejorado a través de los años y, si bien el país no tiene una ley marco de igualdad de género o un Plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, el activismo de mujeres desde la sociedad civil y en el Poder Legislativo favoreció la introducción de importantes reformas legales e institucionales. Con todo, persisten desigualdades que limitan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad argentina.
Desde el retorno de la democracia en 1983, las mujeres alcanzaron importantes logros educativos y aumentaron su participación económica (PNUD 2014). La tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años muestra una alta cobertura (PNUD y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 2015). La razón de femineidad en el conjunto de los niveles educativos (preescolar, primario, secundario y terciario/universitario) es superior al 100% en todas las provincias (Censo 2010) y las mujeres tienen una participación significativamente superior que los hombres en los niveles educativos más altos (PNUD y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 2015). En 2011, el 57,5% del total de estudiantes de las universidades públicas y el 61,5% de sus graduados eran mujeres (Ministerio de Educación de la Nación 2011). Sin embargo, el Comité CEDAW ha señalado aspectos críticos, como el alto número de mujeres que abandona la escuela a causa de embarazos en la adolescencia[2]. Por otra parte, la mejor posición relativa de las mujeres en materia educativa no se refleja en su desempeño en el mercado laboral.
En Argentina, la tasa de actividad de las mujeres es de 47,2%, la de empleo es de 42,2% y la de desocupación, de 10,5% (contra tasas de 69,6%, 63,7% y 8,5% de los hombres) (EPH-INDEC 2016). De acuerdo con el Informe final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las mujeres continúan enfrentando procesos de segregación horizontal y vertical en el ámbito laboral, ya que están sobrerrepresentadas en los puestos de mayor informalidad, menor jerarquía y calificación (PNUD y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 2015: 106). Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/15 de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres argentinas ganan –en promedio– un 27,2% menos que los hombres y esta brecha se amplía a medida en que desciende nivel educativo de las primeras (CNM 2016). A su vez, existen brechas significativas en el acceso a posiciones jerárquicas de jefatura y dirección, donde las mujeres ocupan únicamente un tercio de las mismas, lo que restringe su trayectoria laboral (PNUD 2014).
A su vez, prevalecen las desigualdades de género en el trabajo doméstico no remunerado, al cual las mujeres dedican el 75% de su tiempo, contra un 24% de dedicación en el caso de los hombres (INDEC 2013). De esta manera, “cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, generalmente continúan a cargo de las actividades de cuidado y organización de sus hogares, en detrimento de su tiempo de descanso y ocio” (PNUD 2014: 25). Se estima que, cada 30 horas, una mujer es víctima de feminicidio y se registran niveles elevados de violencia de género (CNM 2016), lo cual recientemente ha generado reclamos y movilizaciones ciudadanas masivas, bajo la consigna “Ni Una Menos”.
[1] AL IGUAL QUE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), EL ÍNDICE DE DESARROLLO DE GÉNERO MIDE LAS TRES DIMENSIONES BÁSICAS DEL DESARROLLO HUMANO DE UN PAÍS: GOZAR DE UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE (SALUD), ALCANZAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA DESENVOLVERSE EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA (EDUCACIÓN) Y CONTAR CON LOS RECURSOS QUE PERMITAN UNA VIDA DECENTE (INGRESO), INCORPORANDO LA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES DEL IDH PARA MUJERES Y HOMBRES. A SU VEZ, EL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO MIDE LA DESIGUALDAD EN LOS LOGROS ALCANZADOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN TRES DIMENSIONES: SALUD REPRODUCTIVA, EMPODERAMIENTO Y MERCADO LABORAL.
[2] OBSERVACIONES DEL COMITÉ CEDAW AL ESTADO ARGENTINO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
