Uruguay es uno de los países de América Latina que suele ser elogiado por el desempeño de sus instituciones democráticas. Uruguay tiene una de las democracias más consolidadas y estables de la región con partidos institucionalizados que funcionan relativamente bien como trasmisores de las preferencias ciudadanas a los ámbitos donde se toman las decisiones. Asimismo, los índices sobre democracia y calidad de la democracia colocan a Uruguay a la cabeza de las clasificaciones en la región. No obstante, el desempeño de la calidad de la democracia uruguaya cae abruptamente cuando las dimensiones a relevar se evalúan teniendo en cuenta criterios de equidad de género (ver por ejemplo Levine y Molina 2007), y de hecho, la política, es la esfera donde se observan las mayores brechas entre hombres y mujeres.

Si bien las relaciones entre hombres y mujeres distan de alcanzar niveles plenos de igualdad en el país,  a nivel comparado distintos estudios han mostrado que el país presenta indicadores de género relativamente igualitarios en el acceso al mercado de empleo y el sistema educativo, en especial, el nivel terciario y universitario donde la matrícula está feminizada desde hace años (CEPAL 2012). Indicadores de este tipo colocan a Uruguay entre los más igualitarios de la región. Sin embargo, cuando los indicadores de género se reducen al ámbito de la participación política la posición de Uruguay respecto al resto de los países de América Latina empeora sustancialmente. Este rezago en la región representa a su vez una paradoja si se tiene en cuenta que Uruguay fue el primer país de América Latina –y uno de los primeros del mundo- en otorgar la ciudadanía política a las mujeres sin ningún tipo de restricciones en 1932.

En la tercera ola de la democracia uruguaya ninguna mujer ha accedido a fórmulas presidenciales competitivas en un contexto en donde varios países de la región –incluidos los más próximos a Uruguay como Argentina, Brasil y Chile- han tenido y tienen mujeres presidentas. A nivel del Poder Legislativo, en tanto, la presencia de mujeres ha sido baja desde el retorno de la democracia en 1985 hasta la fecha. Si bien la presencia de legisladoras se incrementó en las elecciones de 2014, primera vez en que se usó la ley de cuotas, la tasa de mujeres legisladoras sigue siendo una de las más bajas en la región y está muy lejos de los niveles de paridad alcanzados por Bolivia o Ecuador, o de los niveles superiores al 30% que han alcanzado –hace ya varios años- países con desarrollos similares al uruguayo como Argentina y Costa Rica.

Esta disonancia de Uruguay en la región es producto de su limitado desarrollo institucional para promover y proteger la participación efectiva de las mujeres en política. Pese a haber sido un país de vanguardia en este aspecto a comienzos del siglo XX, casi un siglo después, las instituciones uruguayas están rezagadas respecto a los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres así como a los avances legislativos en este ámbito realizados por otros países de la región, que han avanzaron con éxito desde las cuotas a la paridad entre los ’90 y los ‘2000. Uruguay, en cambio, aprobó una Ley de Cuotas en el año 2009, pero estableció que regiría por única vez para el ciclo electoral 2014/2015. Como consecuencia, en la actualidad, Uruguay es uno de los países de América Latina que más lejos está de alcanzar niveles paritarios de participación política de las mujeres respecto a los hombres en los más diversos ámbitos de representación y gobierno.