Colombia

DIMENSIÓN	NÚMERO	INDICADORES	PUNTAJE
I. COMPROMISOS NACIONALES CON LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN Y EL MARCO LEGAL
	I1	Inclusión de igualdad entre hombres y mujeres como precepto constitucional	100
	I2	Inclusión de la paridad como precepto constitucional	100
	I3	Existencia de Ley de igualdad	50
	I3	Existencia de una ley de acceso a una vida libre de violencia	100
	I5	Existencia de una ley contra la discriminación	100
	TOTAL DIMENSIÓN	90
II. EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO	I6	Participación electoral de mujeres
	I6	55,2
III. CUOTA/PARIDAD	I7	Porcentaje legal mínimo de mujeres en altos cargos de la administración pública	60
	I8	Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas al Parlamento	60
	19	Calificación del diseño de la cuota/paridad 1 (parlamentaria): existencia de un mandato de posición en las listas electorales	0
	I10	Calificación del diseño de la cuota/paridad 2 (parlamentaria): existencia de sanción por incumplimiento de la cuota/paridad	0
	I11	Calificación del diseño de la cuota/paridad 3 (parlamentaria): existencia o no de restricciones para aplicar la cuota o paridad	0
	I12	Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas a concejos municipales	60
	I13	Calificación del diseño de la cuota/paridad 4 (local): existencia de un mandato de posición en las listas electorales	0
	I14	Calificación del diseño de la cuota/paridad 5 (local): existencia de sanción por incumplimiento de la cuota/paridad	0
	I15	Calificación del diseño de la cuota/paridad 6 (local): existencia o no de restricciones para aplicar la cuota o paridad	0
	TOTAL DIMENSIÓN	20,0
IV. PODER EJECUTIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	I16	Porcentaje de mujeres titulares de ministerios o secretarías del Estado	100
	I17	Porcentaje de mujeres que ocupan ministerios/secretarías del Estado de “producción” y “preservación del sistema”	100
	I18	Diferencia por sexo en la duración promedio del cargo de las personas que ocuparon un ministerio en los gabinetes del último período presidencial	77
	I19	Porcentaje de mujeres titulares de viceministerios	66,6
	I20	Existencia y nivel jerárquico de mecanismo nacional de mujer/ género en el Poder Ejecutivo
	TOTAL DIMENSIÓN	78,7
V. PODER LEGISLATIVO (Cámara Baja/Única)	I21	Porcentaje de mujeres inscritas como candidatas	70,9
	I22	Índice de cumplimiento de la cuota/paridad legal	100
	I23	Porcentaje de mujeres electas (titulares)	37,4
	I24	Porcentaje de mujeres integrantes de la Mesa Directiva	0
	I25	Porcentaje de comisiones presididas por una mujer	28,6
	I26	Porcentaje de comisiones legislativas de “producción” y “preservación del sistema” presididas por mujeres	33,2
	I27	Porcentaje de jefas de bancadas	84
	128	Existencia de comisión de mujer/género	100
	I29	Existencia de unidad técnica para la transversalización de género	0
	I30	Existencia de bancada femenina	100
	TOTAL DIMENSIÓN	55,4
VI. PODER JUDICIAL y PODER ELECTORAL	I31	Porcentaje de juezas o magistradas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación	30
	I32	Porcentaje de magistradas en los máximos órganos jurisdiccionales electorales (OJE)	100
	I33	Existencia de mecanismo de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales (OJE)	0
	TOTAL DIMENSIÓN	43,3
VII. PARTIDOS POLÍTICOS	I34	Nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y/o no discriminación por sexo	85
	I35	Porcentaje de mujeres en la máxima instancia ejecutiva partidaria nacional	43,4
	43,4	Porcentaje de partidos políticos con unidades de la mujer/ igualdad	78,6
	I37	Habilitación normativa de la unidad de la mujer/igualdad de los partidos como participante en la definición de candidaturas	7
	I38	Porcentaje de partidos políticos que incluyen agenda de igualdad de género en sus plataformas electorales en la última elección presidencial	85
	TOTAL DIMENSIÓN	59,8
VIII. GOBIERNO LOCAL (MUNICIPAL)	I39	Porcentaje de alcaldesas	24,4
	I40	Porcentaje de concejalas en el gobierno municipal	35,2
	TOTAL DIMENSIÓN	29,8
TOTAL COLOMBIA 2019		54,0

Dimensión I, compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y marco legal

El desarrollo normativo da cuenta de los avances de las mujeres en la igualdad formal, es decir, en el reconocimiento normativo sustentado en el bloque de constitucionalidad del país, del cual hacen parte los convenios internacionales ratificados por Colombia. Sin embargo, la aplicación de estas normas ha sido lenta, y la falta de reglamentación del principio constitucional de paridad introducido en la Constitución de 1991 retrasa las condiciones y garantías formales para avanzar en el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres y la toma de decisiones públicas.

Además de la amplia gama de normas y de reformas legales promulgadas, el desafío se concentra en su aplicación y la disposición de recursos financieros para su cumplimiento; esto implica una necesaria articulación de los diferentes actores institucionales y de gobierno con el compromiso de la igualdad y los derechos de las mujeres en participación política, tanto para el nivel nacional como regional.

Respecto de una vida libre de violencias y discriminación, Colombia avanzó en la promulgación de las leyes 1257/2008 y 1752/2015, respectivamente. Sin embargo, aún existen barreras en su aplicación, en especial en la activación de rutas de atención a víctimas de violencia. En cuanto a la violencia contra las mujeres en política, el país aún no cuenta con un marco regulatorio que tipifique y sancione las acciones violentas en el ejercicio de sus funciones públicas; de allí que sea necesario continuar y avanzar en su visibilización.

Dimensión II, ejercicio del derecho al sufragio

El voto fue un derecho reconocido a las mujeres en 1954, y ejercido por primera vez en 1957. Pasados más de sesenta años, las mujeres colombianas, desde diferentes ámbitos, siguen recorriendo el camino por el reconocimiento pleno del derecho a la participación política en igualdad de condiciones y por el fortalecimiento de los liderazgos femeninos en escenarios de poder público.

Las mujeres fueron el 51,7% del censo electoral para el 2018. Desde 1991, la participación de las mujeres como votantes ha mantenido un crecimiento sostenido, en medio de históricas cifras de abstencionismo en el país, que, en el caso de las mujeres, son ligeramente menores respecto a las de los hombres. Si se analiza la cifra en relación con las que pueden elegir y efectivamente votaron, el resultado fue de 55,2% para las mujeres, mientras que para los hombres el resultado fue de 51,6%, una diferencia de 3,6 puntos porcentuales.

Sin embargo, esta característica no guarda una relación con el número de mujeres que son escogidas para cargos de decisión, pues como se presentó en el documento, las mujeres representan menos del 20% de las personas elegidas a cargos de elección popular, tanto a nivel nacional (18% del Congreso) como a nivel local (12,2% de alcaldías y 17,6% de concejos municipales). Además, siguen siendo un reto para el ejercicio del derecho al sufragio de las mujeres, aspectos relacionados con el conflicto, principalmente en las regiones de difícil acceso, prácticas clientelistas, poca o inexistente pedagogía política, la falta de confianza en las instituciones y los comicios electorales, así como los bajos niveles de cedulación que pueden persistir en algunos territorios del país.

Dimensión III, cuota/paridad Desde la promulgación de la ley 581/2000, Colombia aplica y cumple en promedio con la Ley de Cuotas del 30% establecida para la administración pública, lo cual ha representado un avance en la participación de las mujeres en altos niveles decisorios en las tres ramas y los tres órganos del poder público. No obstante, su aplicación se vislumbra con efecto piramidal, es decir, a mayor nivel de decisión, menor la proporción de mujeres. Se requiere mayor compromiso con la aplicación de sanciones efectivas, pues en la práctica, esto hace que no haya consecuencias por su incumplimiento, tanto para el nivel regional como para el nacional.

Por otro lado, el establecimiento de la cuota del 30% para la inscripción en listas electorales para las cámaras (alta y baja) ha obligado a los partidos políticos a incluir mujeres en sus listas; si bien esto ha reflejado un leve incremento en la participación política de las mujeres como candidatas, el diseño de la cuota vigente puede mejorarse incluyendo los principios de alternancia y universalidad en su aplicación para que se contribuya de forma real a la elección efectiva de mujeres; y sin duda, aún hace falta incluir en la legislación mecanismos sancionatorios explícitos en caso de incumplimiento de la ley.

Finalmente, se requiere el compromiso de los partidos políticos que participan en el Legislativo para implementar una reforma política que facilite la llegada de las mujeres a estos cargos de representación y permita alcanzar el 50/50 en la conformación del Congreso.

Dimensión IV, Poder Ejecutivo y administración pública

En relación con esta dimensión, el reciente nombramiento de un gabinete ministerial paritario y la elección de una mujer como vicepresidenta por primera vez en la historia de Colombia reflejan un avance importante hacia una participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Se destaca además la designación de mujeres en la dirección de ministerios como el del Interior, en el que por primera vez se nombra a una mujer, o el de Justicia. No obstante, se mantienen sectores como el de Hacienda, que nunca han sido liderados por una mujer. Asimismo, desde una mirada global, en otros niveles de dirección, se da cuenta de los espacios que han ido ganando las mujeres, tales como los viceministerios, ya que 33% de estos son liderados por mujeres.

Sin embargo, Colombia no cuenta con una normativa que dicte medidas para la elección paritaria o equitativa entre hombres y mujeres en estos cargos de elección, por medio del sistema de listas o de ternas, y tampoco se aplica a los cargos pertenecientes a la carrera administrativa y judicial.

El mecanismo de género está representado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), cuyas funciones son el impulso a la incorporación del enfoque de género en planes, programas y políticas de las entidades del nivel nacional y territorial. Esta entidad no cuenta con autonomía administrativa y financiera y está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, lo que hace que su funcionamiento dependa de las partidas presupuestales definidas por el Gobierno Nacional.

Dimensión V, Poder Legislativo

Se encontró que, en las últimas elecciones al Congreso, las candidaturas de las mujeres fueron el 34,5% del total, un resultado que guarda lógica con la aplicación de la Ley de Cuotas vigente, pero que sugiere un cumplimiento mínimo de esta. Es decir, la cuota se convirtió en el nivel máximo (un techo) para la participación de las mujeres, en vez de ser el nivel mínimo (el piso) en la inscripción de candidaturas. Respecto del porcentaje de elegidas, 18,7%, para la Cámara de Representantes (Cámara Baja), se evidencia una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto a la elección inmediatamente anterior (2015), en donde representaron el 19,9%, encontrándose lejos de alcanzar una conformación paritaria, y sin alcanzar siquiera un nivel de masa crítica que permita fortalecer la participación en la toma de decisiones legislativas. Es importante mencionar que, producto del “Acuerdo de Paz”, hubo un incremento en cinco curules para cada una de las cámaras (alta y baja) para el partido político Farc; sin embargo, esto no tuvo un efecto para la representación de mujeres en el Parlamento.

En cuanto a la participación de las mujeres en las mesas directivas en el Parlamento, históricamente estas han sido presididas con regularidad por hombres. Por ejemplo, para 2019, específicamente en la Cámara Baja, en el momento de este análisis era ejercida por hombres; por otra parte, se encontró que los porcentajes de participación de las mujeres en las comisiones constitucionales y las comisiones legislativas de “producción” y “preservación del sistema” son inferiores al 30%, lo que demuestra la distancia que falta recorrer, los esfuerzos y la necesidad de un mayor compromiso del Estado y los actores políticos para que se cuente con condiciones favorables para que las mujeres ocupen los puestos de decisión política de forma paritaria.

Resalta en esta dimensión la existencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, creada en el 2011, así como la Bancada de Mujeres en el Congreso; estas dos instancias tienen por objeto

fomentar acciones que consoliden la participación y el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en el país y el trabajo legislativo por sus derechos. Sin embargo, persiste la necesidad de contar con una Unidad especializada para la transversalización de género en el Parlamento que permita impulsar medidas y leyes que contribuyan a la agenda pública en materia de igualdad de género.

Dimensión VI, Poder Judicial y poder electoral

En el Poder Judicial y el poder electoral se evidencian restricciones en el acceso de las mujeres para integrar, principalmente, la Corte Suprema de Justicia, donde las mujeres son apenas el 15%. Pese a esto, en la rama judicial se cuenta con la Comisión Nacional de Género, la cual es considerada como una buena práctica, por cuanto promueve la sensibilización, formación y capacitación en género.

La rama electoral está compuesta por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y la máxima autoridad jurisdiccional electoral es la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el momento del análisis de esta dimensión, la composición de la Sección Quinta del Consejo de Estado es paritaria (cuatro integrantes, de los cuales dos son magistradas). Este órgano no cuenta con un mecanismo de género que regule la elección o composición de este, o que proporcione asistencia técnica. Considerando que bajo su responsabilidad se encuentra el seguimiento a la Ley de Cuotas y a las garantías de participación de la mujeres, se requiere un esfuerzo por fortalecer e incluir la perspectiva de género, sus funciones y condiciones de participación igualitaria.

Dimensión VII, partidos políticos

El compromiso de los partidos y movimientos políticos con la igualdad de género es formal, pues de los catorce partidos analizados, nueve de ellos establecen objetivos o principios de igualdad de género. No obstante, en la práctica no se instituyen los procedimientos y medidas puntuales que permitan llevar a la práctica los principios instaurados, de forma que realmente favorezcan la participación electoral de las mujeres y la participación en las instancias de decisión, como sus mesas directivas.

Hasta el momento no se ha reglamentado el acto legislativo 002 de 2015, que establece que las organizaciones políticas deben observar “en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad”; por ende, no se aplica el principio de paridad. Por lo anterior, se hace necesario que la reforma política que se ha anunciado incluya mecanismos como mandatos de posición o de alternancia y la adopción progresiva de medidas que conduzcan a la paridad y la participación de las mujeres en la toma de decisiones internas en condiciones de igualdad con los hombres. Actualmente solo el 50% de los partidos analizados tienen disposiciones en sus estatutos para garantizar la participación de las mujeres en la Dirección Nacional del Partido, y de estos, solo uno incluye un porcentaje o cuota mínima de participación. En concordancia, la presencia de mujeres en los comités directivos o de dirección ejecutiva es en promedio muy baja (21,7%).

En cuanto a la inclusión de compromisos con los derechos de las mujeres en las campañas a la presidencia de la República en 2018, se debe señalar que todas incluyeron al menos un compromiso en las categorías derechos sexuales y derechos reproductivos, igualdad de oportunidades, violencia contra las mujeres y participación política.

Los resultados en esta dimensión muestran el camino por recorrer en la promoción de la igualdad, y al mismo tiempo como lograr consolidar el compromiso por la no discriminación de las mujeres en los partidos políticos, quienes son actores relevantes para la democracia en Colombia y los responsables de las candidaturas en los comicios nacionales y regionales.

Dimensión VIII, gobierno local municipal

En Colombia, apenas 134 mujeres fueron elegidas como alcaldesas para el periodo 2016-2019; esto corresponde apenas al 12,2% del total del país. La elección de alcaldías y gobernaciones es por voto popular, y para los concejos municipales y asambleas departamentales se aplica la Ley de Cuotas, según la cual, al menos el 30% de las listas electorales deben estar integradas por mujeres. Su aplicación no ha demostrado un incremento significativo en la presencia de mujeres en estas corporaciones, lo que evidencia una importante brecha en el ámbito territorial para alcanzar la participación igualitaria de las mujeres.

Esta baja participación señala además que en el nivel local, la presencia de aspectos culturales patriarcales afecta la representación de las mujeres. Además, la cuota, al no tener mandato de posición o de alternancia, afecta directamente la participación de las mujeres en las listas de candidaturas, lo que requiere hacer una reforma electoral con mecanismos efectivos que logre impactar en la representación efectiva de las mujeres en el nivel local (municipal).

Dimensión I, compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y marco legal

1. Promover y avanzar en la reglamentación legal de los principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad. 

2.Tipificar y sancionar la violencia en razón de género en el ámbito político como una violencia específica en el ejercicio de funciones públicas por parte de las mujeres. 

3. Determinar una ruta de atención inmediata que articule acciones institucionales con competencia para los casos de violencia de género contra mujeres en política, garantizando la protección y el restablecimiento del derecho a la participación de las mujeres, incluidas medidas para su prevención y sanción efectiva. 
4. Garantizar los recursos económicos y partidas presupuestales necesarios para el logro de planes, proyectos y políticas que promuevan la igualdad de las mujeres en sus diferentes ámbitos de aplicación. 
5. Cumplir las recomendaciones efectuadas por el comité de la CEDAW referidas a la adopción de medidas afirmativas para aumentar la presencia de mujeres en los cargos decisorios electivos o nombrados, y a la adopción del principio de alternancia en las listas partidarias. De igual forma, se debe avanzar en la realización de campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública y política, y continuar los programas de capacitación y orientación para mujeres sobre participación política y liderazgo. 
6. Implementación efectiva de acciones que permitan la participación de las mujeres en condiciones de seguridad para sus vidas en el ejercicio del derecho a la participación política y organizativa. Este debe ser un elemento integrado al 50/50.

Dimensión II, ejercicio del derecho al sufragio

1. Promover acciones y brigadas por parte de la Registraduría Nacional para la cedulación masiva de las mujeres de áreas rurales y territorios apartados, además de las necesarias en el marco de la implementación del “Acuerdo de Paz”. 
2. Realizar campañas pedagógicas que resalten la importancia del voto informado y su efecto en la democracia, con el propósito de impulsar la participación política de las mujeres. 
3. Desarrollar campañas de comunicación para promover la participación política de las mujeres por medios masivos y comunitarios de comunicación.

Dimensión III, cuota/paridad

1. Impulsar la reforma a la Ley de Cuotas 581 de 2000, en donde se establezca la paridad en la ocupación de altos cargos en la administración pública.
2. Desarrollo de las disposiciones de la ley 581 de 2000 referidas a la promoción de la participación de las mujeres. 
3. Articular consensos con actores políticos para la reglamentación de los principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en cargos de elección popular. Y en paralelo, establecer explícitamente en la normatividad vigente sanciones efectivas para las listas electorales que no cumplan la cuota electoral de género, así como la no inscripción de listas que incumplan la ley. 
4. Realizar acuerdos con los partidos políticos para garantizar el aumento y el compromiso de implementar mecanismos internos que tengan efecto en la participación política de las mujeres. 
5. Promover acuerdos y compromisos con la Procuraduría y organismos electorales para el seguimiento y sanción efectiva del incumplimiento de la Ley de Cuotas en la administración pública.

Dimensión IV, Poder Ejecutivo y administración pública

1. Fomentar el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Género, que es la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, desde ámbitos técnicos y financieros para el cumplimiento de sus funciones. 
2. Promover la paridad como compromiso del Sistema Nacional de Mujeres, que fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo (PND). De acuerdo con lo establecido por el PND, el sistema es liderado por la vicepresidencia. En él se debería buscar una coordinación para la promoción de la paridad con la bancada de mujeres, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, la Procuraduría, en coordinación y diálogo con las organizaciones de mujeres. 
3. Promover y proponer reformas legales que incorporen la paridad de género en la designación de los gabinetes ministeriales y demás cargos de confianza.

Dimensión V, Poder Legislativo

1. Crear una Unidad Técnica para la transversalización de género en el Congreso de la República, con suficiente jerarquía, recursos humanos y financiamiento para desarrollar funciones de asesoramiento y análisis, de forma que se fortalezca técnicamente la Bancada de Mujeres del Congreso, pero también toda la actividad legislativa del Parlamento. 
2. Avanzar en la discusión del abordaje de la violencia política, haciendo énfasis en la visibilización de casos de violencia contra las mujeres y la necesidad de establecer medidas para prevenirla.

Dimensión VI, Poder Judicial y electoral 

1. Promover la incorporación de principios de paridad en la elección y designación de jueces y magistradas en la Rama Judicial y órganos electorales. 

Dimensión VII, partidos políticos

1. La promoción de la participación política de las mujeres y su efectiva representación requieren la adopción de medidas complementarias en los partidos políticos, tales como:
   1. Establecer mecanismos efectivos para hacer seguimiento a la financiación de campañas, de manera específica, a la destinación de los recursos para formación política de mujeres, jóvenes y minorías que dispone la ley 1475 de 2011; para ello, se debe fortalecer el acceso, alimentación y publicación de la información en el aplicativo “Cuentas Claras”.
   2. Promover que los partidos políticos establezcan en sus estatutos la formación con perspectiva de género y derechos para todos sus miembros y afiliados en sus direcciones nacionales y territoriales, cuando aplique.
   3. Promover el acceso de las mujeres candidatas a medios de comunicación nacional y comunitaria. 
2. Promover en los partidos políticos la visibilización y sanción de acciones de violencia política por razones de género en el ejercicio de cargos públicos y/o en campañas electorales. 

Dimensión VIII, gobierno local municipal

1. Realizar procesos de pedagogía política y liderazgo, particularmente en áreas rurales, para aumentar la participación y representación política de lideresas. 
2. Realizar campañas de promoción para la participación política de las mujeres.

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