Violencia política en razón de género: no basta con legislar, también es urgente implementar.

Por: Beatriz Llanos

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (CIM/OEA) establece tres elementos que configuran la violencia en el espacio público: que se dé en razón de ser mujer (basada en su género); que cause daño o sufrimiento a una o más mujeres; y que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos (art. 3).

Desde 2012, 11 países regularon por diferentes vías este tipo de violencia[1]. Bolivia, Brasil, Perú, Panamá y Costa Rica, cuentan con una legislación específica. Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay introdujeron tipificaciones en sus leyes integrales para una vida libre de violencia. México hizo una reforma transversal para modificar y armonizar legislación relacionada con los derechos político electorales para incluir la violencia política de género; y Ecuador la tipificó en su Código de la Democracia como infracción electoral. Bolivia, Panamá y Ecuador, tuvieron primero modificaciones en sus leyes integrales, luego transitaron hacia regulaciones específicas. Solo en Bolivia, Brasil y México las sanciones están previstas también en el Código Penal[2].

Dichas leyes han tenido impactos dispares en su implementación, como se ilustra con dos ejemplos. En Bolivia -país pionero en la regulación- el Tribunal Supremo Electoral registró 185 denuncias de acoso y violencia política entre 2016 y junio de 2022, pero en 10 años de vigencia solo hubo dos sentencias[3]. La primera en 2014. La segunda en 2022, condenó a 3 años de prisión a un ex asambleísta departamental por hostigar y amenazar a una asambleísta para que “le cediera la titularidad del cargo”[4].

En México, en 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional de la Ciudad de México, anularon la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, estado de Guerrero, al considerar que la ubicación estratégica en 14 lugares de frases denostando a una candidata por el hecho de ser mujer determinaron el resultado de la elección al menoscabar la libertad de voto y la igualdad en la competencia para la afectada[5]. Según un estudio realizado sobre el proceso electoral 2020-2021, la Sala Regional Especializada emitió 35 sentencias invocando la nueva legislación sobre violencia; en 83% de los casos aplicó la normativa y en un 17% declaró la incompetencia o improcedencia[6].

Como se ha hecho desde Atenea y diversos análisis sobre leyes de cuota o paridad, es indispensable evaluar el diseño de estas normativas y cómo va su aplicación. También analizar factores que pueden impedir la correcta implementación de estas leyes de nueva generación orientadas a proteger el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, y hacer mayor énfasis en la prevención y la reparación efectiva. Investigaciones recientes han identificado la debilidad del diseño normativo en Argentina, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú[7]. En el caso peruano, tal como se señala en el segundo diagnóstico de Atenea[8], la Ley 3155 requiere ser fortalecida en materia de procedimientos, precisión de competencias y sanciones para poder ser implementada.

Tareas urgentes a enfrentar, pues como determina la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA) -suscrita y obligatoria para los Estados- la violencia impide y anula el ejercicio de cualquier otro derecho, entre ellos los políticos.  

Para saber más escucha el Podcast de Atenea aquí.

Gracias por leernos.


[1] Torres García (2021). Conferencia “Violencia contra las mujeres en Política”. Ciclo internacional de conferencias manejo de crisis: estrategias para el liderazgo de mujeres políticas. Foro de Diputadas del Congreso de la República de Guatemala, Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria (NIMD) y Asociación de Mujeres Alas de Mariposa. 25 de setiembre.

[2]Freidenberg, Flavia y Karolina Gilas (2022). ¿Normas poco exigentes? Los niveles de exigencia normativa de las leyes de violencia política en razón de género en América Latina en Revista Política y Sociedad 59 (1). 1-14.

[3] Datos de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia. Publicados en su cuenta de Twitter @CoordinadoraBO el 26/10/2022.

[4] Información Diario Correo del Sur, publicada el 27/10/2022. Disponible en Exasambleista del MAS, sentenciado a tres años de cárcel por acoso político (correodelsur.com)

[5] Información Aristegui Noticias, publicada el 9/10/2021. Disponible en Histórico: Anula TEPJF elección del ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, por violencia de género | Aristegui Noticias

[6] Niembro et al. (S/f): Análisis de sentencias de violencia política contra las mujeres en razón de género. Borde Político A.C. pág. 35.

[7] Freidenberg y Gilas (2022):10.

[8] Llanos, Beatriz (2022). La paridad legal ha legado, ¿cómo va la paridad? Cambios, continuidades y desafíos en los derechos políticos de las mujeres peruanas. Segundo diagnóstico nacional de Atenea en Perú. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ONU Mujeres e IDEA Internacional.

Beatriz Llanos. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en Democracia e Igualdad de Género. Asesora Técnica de Atenea. Cuenta con diversas publicaciones sobre participación y representación política de las mujeres en América Latina.