Chile

El siguiente diagnóstico presenta los resultados del Índice de Paridad Política propuesto para la aplicación del sistema de monitoreo ATENEA para el caso de Chile así como el análisis de información complementaria predeterminada prevista por dicho mecanismo. La información contenida en este informe fue recogida a partir de los indicadores presentados en la Ficha de recolección de información a nivel país durante los meses de diciembre de 2014 y junio de 2015. Este proceso se alargó más de lo previsto originalmente debido principalmente a los importantes cambios a nivel legislativo y gubernamental que obligaron la constante revisión y actualización de la información de la ficha.

Para la realización del informe, se mide el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres desde un enfoque de la paridad. El diagnóstico se enmarca así en los preceptos de la Declaración de Atenas[1] que, en el marco de los derechos políticos, define la paridad como:

“un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual las tasas de participación similares o equivalentes de mujeres y hombres (…) en el conjunto del proceso democrático, un principio de democracia.

Si bien no existe una acuerdo sobre cuál es la proporcionalidad adecuada entre hombres y mujeres para referirse a una representación equilibrada, para la operacionalización del diagnóstico se considera la paridad estricta, entendida como aquella que significa una tasa de participación igualitaria (50%-50%) entre mujeres y hombres[2]. Desde esta paridad estricta, se busca medir la distancia que el país debe recorrer para alcanzarla, así como proponer soluciones y acciones para el cambio para avanzar hacia este ideal.

Para lograr estos objetivos, la metodología utilizada se basa en el levantamiento, revisión y análisis de información de fuentes primarias y secundarias de diversos orígenes. Dentro de las principales fuentes de información utilizadas figuran:

  • El análisis y la recolección de información realizada por PNUD, principalmente el Informe Auditoría a la Democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo (2014), el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010, Género: los desafío de la igualdad (2010).
  • Los resultados y estadísticas electorales oficiales provistas por el SERVEL en su sitio web (http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html).
  • La Biblioteca del Congreso Nacional y su buscador de leyes para la revisión de la legislación nacional vigente, sus reformas y los acuerdos suscritos y ratificados.
  • Los buscadores de proyectos de ley de ambas Cámaras
  • Revisión de sitios web oficiales del Gobierno de Chile, como Ministerios y Subsecretarías
  • Revisión de sitios web oficiales del Estado de Chile.
  • Revisión de sitios web oficiales de partidos políticos y candidatos presidenciales.
  • Revisión y análisis de estatutos oficiales de partidos políticos y programas de candidatos presidenciales.
  • Solicitudes de información a través del portal de Transparencia del Estado de Chile
  • Análisis de informes, reportes y otras publicaciones realizadas por diversas instituciones académicas como IDEA Internacional y agencias de las Naciones Unidas.

El diagnóstico se estructura de acuerdo a las ocho dimensiones que considera el Índice de Paridad Política: Compromisos Nacionales con la Igualdad, en la Constitución y el Marco Legal; Ejercicio del Derecho al Sufragio; Cuota/Paridad; Poder Ejecutivo y Administración Pública; Poder Legislativo (Cámara Baja/Única); Poder Judicial y Electoral; Partidos Políticos; y Gobierno Local (Municipal). En cada una de estas dimensiones se presentan, analizan y explican los resultados obtenidos. En caso de existir, se presentan a su vez ejemplos de Buenas Prácticas[3]. Finalmente se presenta una sección de recomendaciones donde se sugieren lineamientos y proponen acciones de cambio consideradas como eficaces para alcanzar la paridad.

Situación general de las mujeres en Chile para 2015.

Las mujeres en Chile se ven expuestas a permanentes y distintos tipos de discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Una medida del efecto de la desigualdad y de la discriminación de género la ofrece el Índice de Desigualdad de Género (IDG) desarrollado por el PNUD, que muestra que pese a que en Chile se ha avanzado en materia de desarrollo humano a niveles que sitúan al país como uno de los líderes en la Región (lugar 41 del ranking de IDH en 2013, entre 187 países), existe una importante pérdida en términos de IDG debido a las diferencias entre hombres y mujeres en áreas relacionadas con la participación política, la salud reproductiva y el mercado laboral. En 2013, el IDG fue de 0,355, cifra que ubica al país en el lugar 68 en materia de igualdad de género, presentado una baja respecto al año anterior, en donde el país presentaba una cifra de 0,360 en términos de IDG, situándose en el lugar 66 a nivel mundial.

Tabla 1: Índice de Desigualdad de Género en Chile, 2013

Indicador Valor
IDG 0,355
Ranking 68
Tasa de mortalidad materna

(muertes cada 100.000 nacidos vivos)

25
Tasa de natalidad entre adolecentes

(nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad)

55,3
Proporción de escaños en el parlamento

(porcentaje detentado por mujeres)

13,9
Población con al menos algún tipo de educación secundaria

(porcentaje de 25 años de edad y mayores)

73,3 (mujeres)

76,4 (hombres)

Tasa de participación en la población activa

(porcentaje de 15 años de edad y mayores)

49,0 (mujeres)

74,6 (hombres)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014.

El “Informe Auditoría a la Democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo” elaborado por el PNUD (2014) señala que las discriminaciones hacia las mujeres y el ejercicio de sus derechos se pueden enfocar en dos grandes áreas: los derechos económicos y sociales por un lado, y los civiles y políticos por el otro (PNUD, 2014).

Respecto a los Derechos Económicos y Sociales, se observa que las mujeres del país no los ejercen de igual manera que los hombres. Esta situación ha mejorado sustancialmente durante las últimas décadas, pero aún está lejos de la igualdad. Si bien los niveles de escolaridad de las mujeres han aumentado sustancialmente, los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 2013 muestran que las mujeres tienen un salario en promedio un 26,6% menor que el de los hombres. Respecto a su situación laboral, ellas presentan tasas de participación, ocupación y desocupación del 45,6%, 41,9% y 8,2% respectivamente, en comparación con los hombres que presentan tasas de participación del 70,7%, de ocupación del 66,3% y del 6,2% en términos de desocupación.

El impacto negativo de estas desigualdades se ve reflejado en la “feminización” de la pobreza. Datos de la misma encuesta señalan que para el 2013, el 15,0% de las mujeres se encuentran bajo la línea de la pobreza, mientras que el 13,7% de los hombres del país lo están. Al mismo tiempo, los hogares con jefaturas femeninas tienen mayores índices de pobreza que aquellos con jefaturas masculinas: 15,4% versus 11,2%. La misma encuesta señala que ellas tienen mayor porcentaje de trabajos informales y por ende se ven mayormente afectadas por algunas características de éste: carencia de contrato, falta de seguridad y estabilidad laboral, menos acceso a pensiones, poco reconocimiento de derechos laborales, entre otros.

Al mismo tiempo, el acceso a la salud sexual y reproductiva no está garantizado para ellas. La interrupción del embarazo está penalizado por ley en todas sus formas[4], incluso cuando está en riesgo la vida de la madre. Esta condición de ilegalidad impide tener una cifra precisa de cuantos abortos se realizan en Chile, pero se cuenta con el registro de los egresos hospitalarios por aborto, que para el año 2013 sumaban más de 33 mil (UDP, 2013).

En términos de sus Derechos Civiles, Chile muestra avances significativos, tanto en términos de asegurar su respeto y ejercicio, como en términos de institucionalidad. Sin embargo, dichos avances no han sido suficientes para garantizar el ejercicio pleno e igualitario de éstos por parte de las mujeres. En particular, la violencia de la que son víctimas por el solo hecho de ser mujeres se presenta como un aspecto problemático. Según la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 2012, hasta un tercio de las chilenas ha sufrido violencia psicológica y hasta un sexto violencia física en algún grado (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012).

Por último, en términos de ejercicio de los Derechos Políticos de las mujeres también se observan diferencias. Si bien Chile fue uno de los países pioneros en términos de escoger a una mujer como presidenta, y reelegirla, históricamente el Congreso, las Municipalidades, el Gabinete y otros altos cargos dentro de la Administración Pública han estado compuestos en su mayoría por hombres. El país tiene actualmente uno de los Congresos menos paritarios de la región, con un porcentaje de mujeres parlamentarias inferior incluso que el que promedian los países árabes que llega al 17,1%, según IPU (2015).

La situación desventajosa de las mujeres se confirma tras la aplicación del Índice de Paridad Política: los 38,2 puntos obtenidos por el país distan bastante del ideal. Chile tiene por consiguiente un largo camino que recorrer y una serie de compromisos que tomar para lograr la paridad entre hombres y mujeres en el contexto de los derechos políticos.

[1] Ver La Participación Política de las Mujeres. De las Cuotas de Género a la Paridad. CEAMEG. México.
p.27. Disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/282748/894316/file/201 0%200 2%20Libro_Part_Pol.pdf [02/07/2015]
[2] Decisión metodológica propia del Mecanismo ATENEA. Ver “Pautas Metodológicas para la elaboración de productos” de ATENEA.
[3] Para la aplicación de ATENEA, las buenas prácticas se entienden como: “iniciativas o experiencias que promueven la igualdad de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en algunas de las ocho dimensiones seleccionados a efectos de medir el ejercicio de dicho derecho.” Ver “Pautas Metodológicas para la elaboración de productos” de ATENEA.
 [4] Los resultados de la Encuesta CADEM de julio de 2015 señalaba que el 69% de los chilenos y chilenas estaba de acuerdo con despenalizar el aborto en casos de riesgo de la madre, inviabilidad del feto y por violación.