| Dimensiones | Valor (0-100) |
|---|---|
| Poder ejecutivo y administración pública | 73.2 |
| Ejercicio del derecho de sufragio | 45.0 |
| Partidos Políticos | 40.6 |
| Compromisos por la igualdad | 40.0 |
| Gobiernos Locales | 37.7 |
| Cuota/Paridad | 30.0 |
| Poder legislativo | 23.3 |
| Poder Judicial y Electoral | 15.9 |
| Valor Total Chile 2015 | 38.21 |
- El país ha suscrito y ratificado gran parte de los instrumentos y compromisos internacionales que buscan avanzar en término de respeto y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
| Alcance | Instrumento | Suscripción | Ratificación |
| Universales | Carta de las Naciones Unidas (1945) | 1945 | 1945 |
| Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952) | 1953 | 1967 | |
| Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) | 1966 | 1976 | |
| CEDAW (1979) | 1980 | 1989 | |
| Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999) | 1990 | No | |
| Regionales | Carta de la organización de Estados Americanos (1948) | 1948 | 1953 |
| Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (1948) | 1948 | 1975 | |
| Convención Americana sobre Derechos Humanos (1949) | 1969 | 1990 | |
| Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1988) | 2001 | No | |
| Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) | 1994 | 1996 |
- El país no ha incluido en su legislación una definición general de discriminación contra la mujer, ni el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.
- La violencia hacia la mujer, definida por la Convención de Belém do Pará (1994) como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”, no existe como delito dentro de la legislación chilena.
- En 2012 se promulgó la Ley 20.609, que prohíbe cualquier tipo de discriminación arbitraria e instala mecanismos judiciales que permiten sancionar estos actos. También es conocida como “Ley Zamudio” en honor a Daniel Zamudio, que fue asesinado en el año 2012 por su orientación sexual.
- El puntaje para el país en esta dimensión es de 45 puntos. Para operacionalizar esta dimensión se tomaron en cuenta el padrón electoral de Chile de 2013 y los votos emitidos durante la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales realizadas en diciembre de 2013.
- Según datos del Servicio Electoral (SERVEL), el padrón electoral para el 2013 era de 13.573.143 electores, de los cuales el 51,3% correspondía a mujeres y el 48,7% restantes a hombres.
- En términos de participación electoral, un 45% de ellas acudió a las urnas versus un 38,6% de hombres que lo hicieron, resultando una participación electoral total del 41,9%.
- Esta mayor participación electoral se observa tanto al comparar la participación entre hombres y mujeres sobre el total de votos emitidos (44,9% vs. 55,1%), como en términos de la participación sobre el total de mujeres y hombres, en donde el 45,0% de ellas ejerció su derecho a voto versus un 38,6% de ellos.
| Inscripción en el Registro Electoral | Número | % |
| Total de electores/as inscritos en el registro electoral | 13.573.143 | 100% |
| Total de electores hombres inscritos en el registro electoral | 6.609.387 | 48,7% |
| Total de electoras mujeres inscritas en el registro electoral | 6.963.756 | 51,3% |
| Participación Electoral | Número | % |
| Total de votantes | 5.684.681 | 41.9% |
| Número de hombres que votaron | 2.553.104 | 44,9% |
| Número de mujeres que votaron | 3.131.577 | 55,1% |
| Participación electoral femenina | 45,0% | |
| Participación electoral masculina | 38,6% | |
- El problema principal en torno al sufragio en Chile entonces tiene que ver más con una actitud generalizada de la población en su conjunto que con algún problema cuyo origen radique en el sexo del votante.
- La legislación y el contexto nacional no perjudican más a hombres o a mujeres, sino que no genera interés en acudir a las urnas.
- La ley cuenta con una sanción importante y suficientemente eficaz para disuadir a los partidos políticos de incumplirla.
- La legislación cuenta también con incentivos económicos a los partidos por cada candidata electa, apuntando así a fomentar candidaturas femeninas competitivas y con expectativas de ganar, y no meramente simbólicas.
- Además, se considera un reembolso adicional a todas las candidatas, electas y no, por cada voto obtenido, intentando así evitar que sea el no acceso a recursos un obstáculo determinante para decidir correr como candidata.
- Sin embargo:
- Las cuotas de género en el país no cuentan con algún criterio de sustitución de Parlamentarios en función de su sexo, ni un mandato de posición en las listas electorales que asegure que las candidatas no queden relegadas a las últimas posiciones de las listas.
- Estas cuotas además son de carácter temporal y se aplicarán solo en las cuatro siguientes elecciones parlamentarias a realizarse el 2017, 2021, 2025 y 2029, independiente de su resultado.
- No aplican para otro tipo de elecciones, como las municipales o internas de los partidos políticos, ni para ningún tipo de nombramientos en el Estado y/o gobierno.
- El puntaje de Chile en esta dimensión fue de 73,2 puntos, el más alto del Índice.
- Como se mencionó anteriormente, no existe una cuota o ley que establezca un mínimo de mujeres en puestos del Poder Ejecutivo ni de alta administración pública.
- Sin embargo, ha habido una tendencia a nombrar más mujeres y se ha instalado dentro del debate público la necesidad de garantizar la representación y participación femenina en este espacio. Esta tendencia ha sido lenta e inestable y aún está lejos de una situación ideal.
- Para el año 2015, la máxima autoridad política en Chile era una mujer, la Presidenta Michelle Bachelet, quien ya había sido electa en 2006.
- Esta primera elección tuvo un impacto simbólico significativo en términos de percepción del empoderamiento femenino: como señala la Encuesta de Desarrollo Humano 2009, los chilenos y las chilenas estaban de acuerdo en una alta proporción con la afirmación de que las mujeres sienten que tienen más poder desde que asumió la Presidenta Bachelet (PNUD, 2010, pág. 281).
- Respecto a la paridad en el sector público, lo más cercano que ha existido a un equilibrio paritario de hombres y mujeres en los espacios ministeriales fue el gabinete original del primer mandato presidencial de Michelle Bachelet (2006-2010), que nombró a 10 mujeres y 10 hombres (El Mercurio, 2006).
- Actualmente (para el período 2014-2018), la participación femenina en el Poder Ejecutivo y la Administración Pública está bastante lejos de la paridad:
- A junio de 2015, 7 de los 23 ministerios eran encabezados por mujeres, constituyendo el 30,4% del gabinete.
- Este porcentaje es menor al que se observaba en el Gabinete original de Bachelet al comenzar su segundo mandato (marzo de 2014), que alcanzaba casi el 40% (9 Ministras).
- Sin embargo, los cambios realizados durante los últimos meses y la inexistencia de alguna norma que regule los reemplazos de Ministros de acuerdo a su sexo, permitió reemplazar a dos mujeres por hombres.
- Las Subsecretarías también presentan importantes diferencias entre los sexos, ocupando ellas el 31,2% de los cargos (10 de 32).Tabla 2: Composición total del Gabinete Presidencial, según sexo, 2006-2015 (números brutos y porcentajes del total)
Fuente: Elaboración propia con información recabada por ATENAPeríodo presidencial 2006-2010 Período Presidencial 2010-2014 Período Presidencial 2014-2015 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 21(45,7%) 25(54,3%) 12(23,1%) 40(76,9%) 7(30,4%) 16(69,6%)
- Desde la vuelta a la democracia, ninguna mujer ha sido nombrada Ministra de Hacienda ni Ministra del Interior y Seguridad Pública, dos de las carteras más importantes en el contexto chileno.
- Asimismo, han sido escasas las Ministras en las carteras de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), entre otras.
- En los esfuerzos de avanzar en términos de la representación y participación de las mujeres en Chile, el 28 de enero de 2015 fue aprobado el trámite legislativo que creaba el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
- Los 23,3 puntos obtenidos por Chile en esta dimensión reflejan el largo camino que se tienen que recorrer aún para llegar a la paridad en esta importante dimensión.
- Las mujeres ocupan el 15,8% de los escaños de la Cámara Baja (2014-2018) lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al período anterior y el porcentaje más alto desde la vuelta a le democracia.Tabla 3: Parlamentarias y Parlamentarios electos en Chile (1990-2018)
Fuente: Elaboración propia con datos del SERVELPeríodo Legislativo Mujeres Hombre Total Porcentaje de mujeres 1990 – 1994 7 113 120 5,8% 1994 – 1998 9 111 120 7,5% 1998 – 2002 13 107 120 10,8% 2002 – 2006 15 105 120 12,5% 2006 – 2010 18 102 120 15,0% 2010 – 2014 17 103 120 14,2% 2014 – 2018 19 101 120 15,8% - La participación femenina en el Congreso Nacional ha sido mínima y solo dos veces una mujer ha ocupado el cargo de Presidenta de la Mesa.
| Período Legislativo | Mujeres | Hombres | Total | Porcentaje de mujeres |
| 1990 – 1994 | 1 | 8 | 9 | 11,1% |
| 1994 – 1998 | 2 | 12 | 14 | 14,3% |
| 1998 – 2002 | 1 | 14 | 15 | 6,6% |
| 2002 – 2006 | 2 | 14 | 16 | 12,5% |
| 2006 – 2010 | 0 | 13 | 13 | 0,0% |
| 2010 – 2014 | 1 | 14 | 15 | 6,7% |
| 2014 – 2018 | 1 | 5 | 6 | 16,6% |
- Respecto a las Comisiones Parlamentarias, no existe una comisión exclusiva de la Mujer o Géneroy solo tres comisiones son presididas por ellas (“Educación”, “Recursos Hídricos y Desertificación” y “Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones”) lo que constituyen un 10,3% del total.
- La dimensión respecto a la participación femenina en el Poder Judicial y Electoral es la más débil: 15,9 puntos sobre un total de 100.
- Los órganos considerados para esta dimensión son la Corte Suprema de Justicia (que aporta la totalidad del puntaje) y el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) que es la máxima instancia del Órgano Jurisdiccional Electoral en Chile.
- Actualmente las Ministras representan el 23,8% del total de Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
- Por su parte, el TRICEL está compuesto por 4 miembros de la Corte Suprema, quienes son nombrados por sorteo y un quinto miembro que debe haber sido Presidente de la Mesa Directiva de alguna de las dos Cámaras del Congreso por al menos un año. Desde 1987, solo una mujer ha ocupado el cargo de Ministra y en la actualidad no se cuenta con ninguna integrante mujer.
| Mujeres(%) | Hombres(%) | Total | |
| Corte Suprema de Justicia | 5(23,8%) | 16(76,2) | 21 |
| Tribunal Calificador de Elecciones | 0(0,0%) | 5(100%) | 5 |
- Se observa que el Poder Judicial, al igual que el resto de la Administración Pública, tiene una participación importante de mujeres en sus diversos niveles, pero ellas se concentran en tribunales de menor jerarquía mientras que ellos se concentran de manera desproporcional en las Cortes más importantes.
- No hay ningún partido político que pueda considerarse completamente paritario.
- Ningún partido política supera el tercio de mujeres en sus Mesas Directivas y promedian un total del 20%.
- El partido con la menor participación de mujeres es el Partido Radical Socialdemócrata con apenas un 6,3%, y el Partido por la Democracia con el Partido Demócrata Cristiano los con la mayor participación femenina en sus máximas instancias ejecutivas, ambos con un 33,3%.
- En Chile, de los 7 partidos políticos bajo análisis, solo 4 cuentan con unidades de la mujer, de las cuales ninguna cuenta con algún precepto estatutario que les den participación en la selección de candidaturas.
- En Chile esta dimensión aplica únicamente al nivel municipal, es decir la Alcaldía y los Concejos Municipales.
- En el país existen 345 Municipalidades, cada una con un Alcalde y un Concejo Municipal de membresía variable de acuerdo a la población de la municipalidad.
- Históricamente, los Concejos Municipales han sido los espacios y puestos de elección popular en donde las mujeres han tenido más representación política. Esta situación se explica en gran medida por el sistema electoral, establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.Tabla 19: Composición de los gobiernos Municipales electos, según sexo (2004-2016)
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del SERVEL.Período 2004-2008: Alcaldías Período 2004-2008: Concejo Municipal Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 303(87,8%) 42(12,2%) 345 1689(78,8%) 454(21,2%) 2143 Período 2008-2012: Alcaldías Período 2008-2012: Concejo Municipal Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 302(87,5%) 43(12,5%) 345 1645(76,7%) 501(23,3%) 2146 Período 2012-2016: Alcaldías Período 2012-2016: Concejo Municipal Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres Total 302(87,5%) 43(12,5%) 345 1664(74,8%) 560(25,2%) 2224 - Como se observa, casi no ha variado el porcentaje de Alcaldesas electas en los últimos 12 años. Se ha mantenido cercano al 12%, proporción incluso menor que la de Diputadas. Respecto a las Concejalas electas, se observa un porcentaje casi dos veces superior en comparación al de Alcaldesas electas y una variación cercana a los cinco puntos porcentuales entre 2004 y 2012, llegando en la última elección al 25% del total de Concejales.
- El Concejo Municipal es la instancia con autoridades electas donde más mujeres participan. Esto se debe principalmente al sistema electoral, por lo que habrían algunas señas en el contexto nacional que la aplicación de un sistema de cuotas similar a las elecciones parlamentarias podría favorecer la participación femenina en el Congreso.
PROPUESTAS DE REFORMA
- Acelerar la discusión en el Senado por la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Sin la ratificación de este Protocolo, el Comité de la CEDAW no puede recibir demandas de personas o grupos ante eventuales violaciones de la Convención. La negativa a ratificar el Protocolo se fundamenta principalmente por temas relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres y la pérdida de soberanía que significa la posibilidad de iniciar juicios fuera del país. El actual debate en torno a legalizar el aborto terapéutico puede ser un buen contexto para enmarcar la discusión respecto al Protocolo.
- Tipificar la violencia de género y hacia las mujeres como un delito específico y coherente con lo señalada en la Convención de Belem do Pará. Esta legislación debería contar además con los recursos humanos y financieros y con la institucionalidad necesaria para garantizar una respuesta rápida y adecuada a las víctimas, así como su seguridad. La incapacidad de la institucionalidad vigente en garantizar la seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar, y que ha resultado en que muchas mujeres hayan sido asesinas a la espera de sus juicios, es de especial importancia.
- Si bien las mujeres han presentado una participación electoral mayor que los hombres, la participación electoral en Chile ha sufrido una tendencia a la baja. En este sentido, habría que generar medidas que promuevan el sufragio de manera transversal a la población, independiente del sexo del votante. Una solución podría ser volver a aplicar el voto de carácter obligatorio o buscar caminos para devolver la confianza del electorado hacia los partidos políticos y la política en general.
- Las cuotas de género para las elecciones al Poder Legislativo incorporadas a la legislación chilena cuentan con varios elementos que pueden considerarse positivas, particularmente la obligatoriedad de los partidos políticos en cumplirlas y los incentivos monetarios a los partidos políticos y las candidatas. Sin embargo, se recomienda la incorporación de un mandato de posición en las listas electorales para evitar que las mujeres queden relegadas a las últimas posiciones, y un criterio de sustitución en función del sexo de aquellos Diputados y Diputadas que cesen sus funciones. Para asegurar estos cambios se debería aprovechar el contexto político actual y el apoyo ciudadano que tiene tanto el cambio al sistema binominal como las leyes de cuotas.
- Si bien las cuotas significan un avance, más candidatas no necesariamente significan más Diputadas. En este sentido, habría que aumentar los incentivos monetarios a los partidos políticos para que nominen a sus candidatas en elecciones competitivas y con chances de ganar. El incentivo actual cubre una pequeña parte del gasto total que requiere una campaña electoral, por lo que no es particularmente atractivo para los partidos políticos, particularmente en un sistema como el chileno en donde, hasta el momento, el financiamiento privado a los partidos políticos es significativamente superior al público.
- Si bien la Presidenta Michelle Bachelet nombró un gobierno paritario durante su primer mandato presidencial, al menos en términos de Gabinete, Intendencias y Subsecretarías, esto no derivó en la aplicación de una cuota de género – regulada legalmente ni en términos de buena práctica – para la administración pública en ninguno de sus niveles. Se recomienda la incorporación de una cuota de género en el Gabinete y las Gobernaciones (asumiendo que las Intendencias pasarán a ser electas mediante votación), aprovechando el ambiente favorable a avanzar en términos de igualdad de género y el trámite legislativo respecto a los gobiernos regionales que se encuentra en el Poder Legislativo.
- Si bien es la dimensión en donde el país tiene más puntaje, hay una serie de elementos que el Estado de Chile debiese modificar e incorporar para poder avanzar en términos de paridad entre los sexos. En este sentido, se recomiendo adoptar medidas que fomenten la participación paritaria de las mujeres al interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública. Como se señaló anteriormente, la aplicación de cuotas puede ser un mecanismo efectivo. También se recomienda establecer mecanismos que permitan a las mujeres equilibrar mejor su vida privada con la pública. Asumiendo que el cambio cultural de roles de género es a largo plazo, en el corto plazo medidas como un postnatal obligatorio para los hombres, capacitaciones en horario laboral u horarios más flexibles podrían fomentar la participación femenina en los puestos de poder.
- Además de buscar un gabinete paritario en términos de números, se recomienda instalar como buena práctica el nombramiento de mujeres en Ministerio del Comité Político. Hasta el momento, en Chile no ha habido Ministras del Interior y Seguridad Pública, o de Hacienda. Las mujeres se han concentrado en Ministerios que muchas veces reproducen los roles que la sociedad les ha asignado a ellas.
- Si bien se aprobó la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, su puesta en funcionamiento está pendiente. Como principales recomendaciones se pueden señalar la necesidad de contar con los recursos suficientes para poder cubrir de manera adecuada las nuevas tareas que este Ministerio presupone, así como las que ya maneja el SERNAM. Además se recomienda tener en cuenta las observaciones hechas por el Comité de la CEDAW en cuanto a la descoordinación al SERNAM y otras instituciones. El nuevo Ministerio debiese trabajar desde un principio en coordinación con el resto de los ministerios, las organizaciones de la sociedad civil, el Parlamento y obtener toda la experiencia posible del SERNAM, evitando superposición de mandatos y tareas.
- Se recomienda la creación de una Comisión Parlamentaria exclusiva que aborde las temáticas relacionada con la situación de las mujeres y la igualdad de género en ambas Cámaras, de manera que las necesidades de ellas sean vistas de manera integral y no únicamente desde su pertenencia a la familia. La iniciativa podría ser liderada por las parlamentarias, quienes en general e independiente de su partido político, han mostrado apoyo en promover e iniciar proyectos de ley que busquen la igualdad de género y mejorar la situación de las mujeres.
- La Mesa Directiva es el órgano responsable de gobernar las Cámaras. Ésta ha estado compuesta principalmente por hombres. Se recomienda establecer un acuerdo parlamentario que garantice que al menos una miembro de la Mesa sea una mujer. Si bien ellas no componen un tercio en la Cámara, se deben generar acciones afirmativas para avanza hacia la paridad.
- Si bien las Diputadas han demostrado cierta coordinación en cuanto a avanzar en términos de leyes que busquen la paridad y la igualdad de género, se podría avanzar más en este sentido. Hay temáticas que son transversales donde las diferencias partidarias no juegan un rol determinante que obstaculicen la cooperación. Temas pendientes como la violencia hacia las mujeres debiesen ser impulsadas en bloque por las Diputadas y así avanzar hacia la igualdad plena entre ellos y ellos. Esta recomendación se amplía al Senado.
- Si bien la participación femenina en el Poder Judicial es significativa, ésta se concentra en los Tribunales de menor jerarquía. Se recomienda aplicar mecanismos de acción afirmativa que fomenten la participación de las mujeres a la Corte de Apelaciones, paso intermedio entre la Corte Suprema y los Tribunales de Primera Instancia. Esto se considera más factible que aplicar mecanismos similares al interior de la Corte Suprema. La composición de la última depende en gran medida de las Cortes de Apelaciones, por lo que aumentar la composición de una podría tener un efecto positivo sobre la otra. Al mismo tiempo, si aumenta el número de Ministras en la Corte Suprema, hay mayores posibilidades que aumente la participación femenina al interior del Tribunal Calificador de Elecciones, donde cuatro de los cinco miembros son seleccionados por sorteo del total de Ministros de la Corte Suprema.
- Los partidos políticos son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia. Éstos son los principales mediadores entre la ciudadanía y sus demandas, y el Estado y deberían ser capaces de representar a amplios sectores de la sociedad. Por lo mismo, se recomienda que los partidos políticos en su totalidad incorporen en sus estatutos compromisos claros con los principios de igualdad y no discriminación por sexo. Si bien existen diferencias ideológicas entre uno y otro partido, la no discriminación y la igualdad es un tema de derechos humanos, independiente de la posición política del partido político.
- El financiamiento público a los partidos políticos, adecuadamente enfocado, puede fomentar la participación de las mujeres al interior de los partidos, tanto en términos de estructura como de candidaturas. Financiamiento público que se destine a la capacitación de las militantes y/o el empoderamiento de las unidades de las mujeres pueden ser mecanismos efectivos para avanzar hacia la paridad.
- Promover la participación de las mujeres en todas las instancias y espacios partidarios (incluyendo la Directiva) y posicionar como un actor relevante a las Unidades de la Mujer e instar a los partidos políticos que no cuentan con una a crearlas.
- Si bien algunos partidos han incorporado de manera voluntaria asientos reservados para mujeres al interior de sus máximas instancias ejecutivas y/o cuotas de género de elaborar sus listas de candidaturas, se observa que en muchos casos éstos no las respetan. Se insta a tomar medidas que vayan en la dirección de obligar a respetar estas medidas incorporadas internamente. Al igual que la ley de elecciones primarias, que establece este mecanismo como voluntario, pero una vez decidido deben ser vinculantes, se recomienda un modelo similar respecto a las cuotas de género adoptadas internamente por los partidos políticos.
- El proyecto de ley que pretende instalar una nueva ley de partidos políticos debiese ser más clara y específica en sus disposiciones. Ha quedado demostrado que regulaciones abiertas a una interpretación bajo criterio de los partidos suelen ser menos efectivas que aquellas más detalladas y vinculantes.
- Sensibilizar y capacitar tanto a las mujeres como a los hombres del partido sobre los principios y problemáticas en torno al género y la paridad. De esta manera se logra tanto darles a las mujeres las herramientas de las que muchas veces carecen para desarrollar una carrera exitosa como construir en conjunto entre hombres y mujeres una estructura más favorable para la participación femenina (IDEA & BID, 2010).
- Establecer cuotas electorales para las elecciones al Concejo Municipal y establecer incentivos económicos públicos a las candidatas a Alcaldesa y Concejala con el objetivo de reducir los obstáculos a los que ellas suelen verse enfrentadas y constituyen un freno en su participación como candidatas. Los problemas a los que se enfrentan las mujeres en las elecciones municipales son los mismos a los que se enfrentan las candidatas en las elecciones parlamentarias, por lo que podrían contar con los mismos incentivos.
- Generar y coordinar planes de capacitación política a las mujeres en contextos locales y comunitarios con el objetivo de empoderar a las mujeres que tengan interés en participar en política local y que muchas veces no tienen los recursos, medios y accesos necesarios para iniciar una carrera política.
El siguiente diagnóstico presenta los resultados del Índice de Paridad Política propuesto para la aplicación del sistema de monitoreo ATENEA para el caso de Chile así como el análisis de información complementaria predeterminada prevista por dicho mecanismo. La información contenida en este informe fue recogida a partir de los indicadores presentados en la Ficha de recolección de información a nivel país durante los meses de diciembre de 2014 y junio de 2015. Este proceso se alargó más de lo previsto originalmente debido principalmente a los importantes cambios a nivel legislativo y gubernamental que obligaron la constante revisión y actualización de la información de la ficha.
Para la realización del informe, se mide el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres desde un enfoque de la paridad. El diagnóstico se enmarca así en los preceptos de la Declaración de Atenas[1] que, en el marco de los derechos políticos, define la paridad como:
“un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual las tasas de participación similares o equivalentes de mujeres y hombres (…) en el conjunto del proceso democrático, un principio de democracia.
Si bien no existe una acuerdo sobre cuál es la proporcionalidad adecuada entre hombres y mujeres para referirse a una representación equilibrada, para la operacionalización del diagnóstico se considera la paridad estricta, entendida como aquella que significa una tasa de participación igualitaria (50%-50%) entre mujeres y hombres[2]. Desde esta paridad estricta, se busca medir la distancia que el país debe recorrer para alcanzarla, así como proponer soluciones y acciones para el cambio para avanzar hacia este ideal.
Para lograr estos objetivos, la metodología utilizada se basa en el levantamiento, revisión y análisis de información de fuentes primarias y secundarias de diversos orígenes. Dentro de las principales fuentes de información utilizadas figuran:
- El análisis y la recolección de información realizada por PNUD, principalmente el Informe Auditoría a la Democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo (2014), el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010, Género: los desafío de la igualdad (2010).
- Los resultados y estadísticas electorales oficiales provistas por el SERVEL en su sitio web (http://www.servel.cl/ss/site/estadisticas.html).
- La Biblioteca del Congreso Nacional y su buscador de leyes para la revisión de la legislación nacional vigente, sus reformas y los acuerdos suscritos y ratificados.
- Los buscadores de proyectos de ley de ambas Cámaras
- Revisión de sitios web oficiales del Gobierno de Chile, como Ministerios y Subsecretarías
- Revisión de sitios web oficiales del Estado de Chile.
- Revisión de sitios web oficiales de partidos políticos y candidatos presidenciales.
- Revisión y análisis de estatutos oficiales de partidos políticos y programas de candidatos presidenciales.
- Solicitudes de información a través del portal de Transparencia del Estado de Chile
- Análisis de informes, reportes y otras publicaciones realizadas por diversas instituciones académicas como IDEA Internacional y agencias de las Naciones Unidas.
El diagnóstico se estructura de acuerdo a las ocho dimensiones que considera el Índice de Paridad Política: Compromisos Nacionales con la Igualdad, en la Constitución y el Marco Legal; Ejercicio del Derecho al Sufragio; Cuota/Paridad; Poder Ejecutivo y Administración Pública; Poder Legislativo (Cámara Baja/Única); Poder Judicial y Electoral; Partidos Políticos; y Gobierno Local (Municipal). En cada una de estas dimensiones se presentan, analizan y explican los resultados obtenidos. En caso de existir, se presentan a su vez ejemplos de Buenas Prácticas[3]. Finalmente se presenta una sección de recomendaciones donde se sugieren lineamientos y proponen acciones de cambio consideradas como eficaces para alcanzar la paridad.
Situación general de las mujeres en Chile para 2015.
Las mujeres en Chile se ven expuestas a permanentes y distintos tipos de discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Una medida del efecto de la desigualdad y de la discriminación de género la ofrece el Índice de Desigualdad de Género (IDG) desarrollado por el PNUD, que muestra que pese a que en Chile se ha avanzado en materia de desarrollo humano a niveles que sitúan al país como uno de los líderes en la Región (lugar 41 del ranking de IDH en 2013, entre 187 países), existe una importante pérdida en términos de IDG debido a las diferencias entre hombres y mujeres en áreas relacionadas con la participación política, la salud reproductiva y el mercado laboral. En 2013, el IDG fue de 0,355, cifra que ubica al país en el lugar 68 en materia de igualdad de género, presentado una baja respecto al año anterior, en donde el país presentaba una cifra de 0,360 en términos de IDG, situándose en el lugar 66 a nivel mundial.
Tabla 1: Índice de Desigualdad de Género en Chile, 2013
| Indicador | Valor |
| IDG | 0,355 |
| Ranking | 68 |
| Tasa de mortalidad materna(muertes cada 100.000 nacidos vivos) | 25 |
| Tasa de natalidad entre adolecentes(nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad) | 55,3 |
| Proporción de escaños en el parlamento(porcentaje detentado por mujeres) | 13,9 |
| Población con al menos algún tipo de educación secundaria(porcentaje de 25 años de edad y mayores) | 73,3 (mujeres)76,4 (hombres) |
| Tasa de participación en la población activa(porcentaje de 15 años de edad y mayores) | 49,0 (mujeres)74,6 (hombres) |
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014.
El “Informe Auditoría a la Democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo” elaborado por el PNUD (2014) señala que las discriminaciones hacia las mujeres y el ejercicio de sus derechos se pueden enfocar en dos grandes áreas: los derechos económicos y sociales por un lado, y los civiles y políticos por el otro (PNUD, 2014).
Respecto a los Derechos Económicos y Sociales, se observa que las mujeres del país no los ejercen de igual manera que los hombres. Esta situación ha mejorado sustancialmente durante las últimas décadas, pero aún está lejos de la igualdad. Si bien los niveles de escolaridad de las mujeres han aumentado sustancialmente, los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 2013 muestran que las mujeres tienen un salario en promedio un 26,6% menor que el de los hombres. Respecto a su situación laboral, ellas presentan tasas de participación, ocupación y desocupación del 45,6%, 41,9% y 8,2% respectivamente, en comparación con los hombres que presentan tasas de participación del 70,7%, de ocupación del 66,3% y del 6,2% en términos de desocupación.
El impacto negativo de estas desigualdades se ve reflejado en la “feminización” de la pobreza. Datos de la misma encuesta señalan que para el 2013, el 15,0% de las mujeres se encuentran bajo la línea de la pobreza, mientras que el 13,7% de los hombres del país lo están. Al mismo tiempo, los hogares con jefaturas femeninas tienen mayores índices de pobreza que aquellos con jefaturas masculinas: 15,4% versus 11,2%. La misma encuesta señala que ellas tienen mayor porcentaje de trabajos informales y por ende se ven mayormente afectadas por algunas características de éste: carencia de contrato, falta de seguridad y estabilidad laboral, menos acceso a pensiones, poco reconocimiento de derechos laborales, entre otros.
Al mismo tiempo, el acceso a la salud sexual y reproductiva no está garantizado para ellas. La interrupción del embarazo está penalizado por ley en todas sus formas[4], incluso cuando está en riesgo la vida de la madre. Esta condición de ilegalidad impide tener una cifra precisa de cuantos abortos se realizan en Chile, pero se cuenta con el registro de los egresos hospitalarios por aborto, que para el año 2013 sumaban más de 33 mil (UDP, 2013).
En términos de sus Derechos Civiles, Chile muestra avances significativos, tanto en términos de asegurar su respeto y ejercicio, como en términos de institucionalidad. Sin embargo, dichos avances no han sido suficientes para garantizar el ejercicio pleno e igualitario de éstos por parte de las mujeres. En particular, la violencia de la que son víctimas por el solo hecho de ser mujeres se presenta como un aspecto problemático. Según la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 2012, hasta un tercio de las chilenas ha sufrido violencia psicológica y hasta un sexto violencia física en algún grado (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012).
Por último, en términos de ejercicio de los Derechos Políticos de las mujeres también se observan diferencias. Si bien Chile fue uno de los países pioneros en términos de escoger a una mujer como presidenta, y reelegirla, históricamente el Congreso, las Municipalidades, el Gabinete y otros altos cargos dentro de la Administración Pública han estado compuestos en su mayoría por hombres. El país tiene actualmente uno de los Congresos menos paritarios de la región, con un porcentaje de mujeres parlamentarias inferior incluso que el que promedian los países árabes que llega al 17,1%, según IPU (2015).
La situación desventajosa de las mujeres se confirma tras la aplicación del Índice de Paridad Política: los 38,2 puntos obtenidos por el país distan bastante del ideal. Chile tiene por consiguiente un largo camino que recorrer y una serie de compromisos que tomar para lograr la paridad entre hombres y mujeres en el contexto de los derechos políticos.
[1] VER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. DE LAS CUOTAS DE GÉNERO A LA PARIDAD. CEAMEG. MÉXICO.
P.27. DISPONIBLE EN HTTP://WWW3.DIPUTADOS.GOB.MX/CAMARA/CONTENT/DOWNLOAD/282748/894316/FILE/201 0%200 2%20LIBRO_PART_POL.PDF [02/07/2015]
[2] DECISIÓN METODOLÓGICA PROPIA DEL MECANISMO ATENEA. VER “PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS” DE ATENEA.
[3] PARA LA APLICACIÓN DE ATENEA, LAS BUENAS PRÁCTICAS SE ENTIENDEN COMO: “INICIATIVAS O EXPERIENCIAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES EN ALGUNAS DE LAS OCHO DIMENSIONES SELECCIONADOS A EFECTOS DE MEDIR EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO.” VER “PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS” DE ATENEA.
[4] LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA CADEM DE JULIO DE 2015 SEÑALABA QUE EL 69% DE LOS CHILENOS Y CHILENAS ESTABA DE ACUERDO CON DESPENALIZAR EL ABORTO EN CASOS DE RIESGO DE LA MADRE, INVIABILIDAD DEL FETO Y POR VIOLACIÓN.
